Lo primero de lo primero en la dramática situación que vive la exdiputada ante la irracional y feroz persecución del gobierno es caer en cuenta de que no estamos aprobando o rechazando su actuación en meses pasados. Eso es lo que quiere el gobierno; y más de un opositor, implícita o explícitamente, ha tropezado con esa piedra.
Lo que está en juego es el derecho, de todos, a enfrentar radicalmente a un gobierno que se pudre, y que puede arrastrar en su caída al país entero, en términos inscritos en la Constitución y las leyes. No olvidemos, por último, que se trata de una figura de la Mesa de la Unidad y a la unidad debemos solícito amor.
El chavismo ha politizado la justicia de tal manera que hasta algunas dictaduras lo hacen y lo han hecho con más hipocresía y hojas de parra. Hasta en doctrina quiso convertir esta aberración el TSJ en algún momento. Y todos recordamos con horror a Chávez en estado de furor incontenible condenando a priori y con gritos hiperbólicos a Rosales o a la jueza Afiuni ante el país entero.
Esto quiere decir simplemente que los criterios del derecho, de la justicia, valen poco o nada ante los supremos objetivos políticos de la revolución. Por ejemplo, no se necesita prueba alguna del delito, esas se ignoran o se inventan, sino de traducir jurídicamente los deseos y fines de la voz iluminada que guía el Proceso. El caso de María Corina es un ejemplo insuperable. Se la acusa públicamente de magnicidio, de uno de esos cuentos que ya hasta sus autores habían olvidado pero tan puntual y concreto que era embarazoso forjar pruebas. Llegada la hora resulta que no era tal sino conspiración la causa de la acción de la Fiscalía, más genérico y manejable. Igual la hubiesen acusado, a conveniencia, de lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico o de traición a la patria.
Como en el caso de Leopoldo López y los alcaldes las pruebas no aparecen. Aquí se trata de unos emails que la propia compañía que maneja el sistema electrónico certificó como falsos. En el caso de Leopoldo una de las evidencias mayores son sus discursos leídos subliminalmente (sic) por unos corsarios de la semántica, algo parecido a un tarot judicial.
Ahora bien, la grisapa que se ha armado con ambos casos, tanto interna como externa, no es poca cosa. Lo cual habla de la abyección de los casos pero también, ojo, de lo poco respetable que se considera a este gobierno en descomposición. Verbigracia, pocas veces como ahora la ONU, la máxima representación institucional de la especie humana (sic), ha sido tan descarnadamente dura y tan directamente exhortativa con un gobierno de la región como con ocasión de estas prisiones y estos juicios estrafalarios. Y a ese vocerío hay que sumarse para liberar a los señalados y al resto de los presos políticos por protestar contra el asesinato de un país.
Es justicia recordar, por último, que a María Corina se la ha sometido a todo tipo de tropelías, como quitarle el puesto de diputada que el pueblo le había dado con más votos que a nadie. Y ello de la manera más arbitraria y brutal. Que se le ha impedido la salida del país, para que no siga denunciando a diestra y siniestra. Y se le ha sometido a un sinfín de acusaciones y denuestos. Pero es todavía más justo recordar que la dama ha demostrado frente a todo ello un arrojo y una dignidad realmente ejemplares.
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