El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley que busca suspender visas y congelar activos en territorio estadounidense pertenecientes a funcionarios venezolanos acusados violar derechos humanos durante las protestas callejeras que sacudieron al país sudamericano a comienzos de año.
La cámara baja debe aprobar esta versión del Senado antes de que el jueves culmine el actual periodo de sesiones para entonces enviarla al presidente Barack Obama. Si la cámara no logra adoptar la nueva versión esta semana, el nuevo Congreso que se instalará en enero deberá comenzar el proceso en ambas cámaras.
La iniciativa de ley fue adoptada en el Senado por unanimidad apenas 48 horas después de la derrota electoral que sufriera en segunda vuelta la demócrata por Luisiana Mary Landrieu, quien había presentado objeciones en agosto alegando su temor de que las sanciones pudieran provocar despidos en una planta que la petrolera de propiedad venezolana Citgo posee en Luisiana.
El presidente de la comisión de asuntos exteriores y autor de la ley, el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, calificó a las sanciones como "una respuesta necesaria desde hace mucho tiempo. Nuestra lucha para ofrecerle esperanza y oportunidad renovada a Venezuela apenas ha comenzado".
"Durante demasiado tiempo, los venezolanos han tenido que enfrentar violencia patrocinada por el Estado a manos de las fuerzas de seguridad del Gobierno, presenciando cómo el Poder Judicial de su país es convertido en un instrumento de represión política", agregó Menéndez en un comunicado posterior.
El senador se refirió a la situación de líderes opositores venezolanos como Leopoldo López y María Corina Machado, que "se han transformado en el blanco de las campañas salvajes dirigidas por el Gobierno que solo buscan silenciarlos por hablar en defensa de la democracia y el imperio de la ley".
El texto legislativo, impulsado por el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, fue aprobado a viva voz por los legisladores apenas 48 horas después de la segunda vuelta de los comicios legislativos en Luisiana, donde la senadora demócrata Mary Landrieu perdió su escaño frente al republicano Bill Cassidy.
Landrieu era el último escollo para que se aprobase el proyecto de ley, sobre el cual había presentado objeciones durante el verano al temer que las sanciones impactaran en una planta de la petrolera venezolana Citgo en Luisiana y, en consecuencia, eso le hiciera perder votos y pusiera en peligro su asiento.
Mientras tanto, la Cámara Baja ya había aprobado hace tiempo un proyecto de ley similar impulsado por los legisladores cubanoestadounidenses Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos.
Ahora, el proyecto legislativo de la Cámara Alta tendrá que enviarse de nuevo a la Cámara de Representantes para su consideración, de manera que si lo aprueban sólo restará la firma del presidente del país, Barack Obama, para su entrada en vigor.
Sin embargo, de no hacerlo antes de que culmine el mandato de este Congreso por el receso navideño, las dos cámaras deberían comenzar de nuevo el proceso legal al conformarse el nuevo Legislativo en enero, de absoluto control conservador tras la victoria republicana de los comicios del pasado 4 de noviembre.
Durante meses, la Administración Obama se opuso a aumentar las sanciones contra el Gobierno venezolano en respuesta a los episodios de violencia y represión que se desencadenaron en el país desde las manifestaciones estudiantiles del pasado febrero, con la esperanza de que oposición y Gobierno acercaran posturas.
La Casa Blanca había reiterado desde que comenzaran las protestas en Caracas, en las que fallecieron más de 40 personas, que el conflicto debía resolverse de manera interna y se negó a hacerlo pese a contar con los instrumentos a la luz del diálogo que llegaron a mantener ambas partes auspiciado por la UNASUR y el Vaticano.
Sin embargo, en julio pasado, el Gobierno estadounidense decidió finalmente suspender las visas de algunos de los funcionarios venezolanos después del fin de dichas negociaciones y tras el último encontronazo entre Caracas y Washington con la puesta en libertad en Aruba del general venezolano Hugo Carvajal, reclamado por la justicia del país norteamericano.
Entonces, muchos congresistas aplaudieron este primer giro de la Administración Obama para condenar la situación de los derechos humanos en Venezuela, aunque aquellas sanciones fueron consideradas insuficientes.
La aprobación de hoy llega después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijera en una entrevista televisiva el pasado sábado que la legación diplomática estadounidense en Caracas está "actuando de manera peligrosa", por lo que su Gobierno está "evaluando la situación".
"Tengo mucha información del intervencionismo" de la Embajada estadounidense al punto de que "comienza a ser intolerable", repitió el mandatario sin ofrecer más detalles, aunque sugirió que su acusación apunta a supuestas financiaciones a actividades de sus opositores.
Por otra parte, hace apenas unas semanas el candidato a subsecretario de Estado, Tony Blinken, afirmó durante su audiencia de confirmación que el Gobierno de Obama no se opondría a aprobar sanciones adicionales en caso de que las aprobara el Congreso.
Parece, por tanto, que en caso de darse, el Gobierno de Obama ya no sería tan reticente a endurecer su postura y el presidente podría rubricar la ley, aunque esta tensará aún más si cabe las relaciones entre ambos países, muy distantes durante años
Cort. TalCualDigital
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