La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó el miércoles la resolución aprobada días antes por el Senado que introduce sanciones personales contra altos funcionarios del régimen de Caracas vinculados con la feroz represión emprendida este año durante las manifestaciones estudiantiles que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.
La resolución, que congelaría los bienes en Estados Unidos de al menos 56 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, ahora pasa a manos del presidente Barack Obama, quien ya ha dado señales de que está dispuesto a firmar la propuesta para convertirla en ley.
El proyecto bipartidista fue aprobado en la cámara baja por unanimidad.
“El Congreso ha actuado de manera unificada y bipartidista para enviar un mensaje inequívoco de que no continuaremos tolerando la impunidad en violaciones de los derechos humanos en Venezuela y que apoyaremos los llamados de democracia y libertad por el pueblo de Venezuela”, declaró la congresista por Miami, Ileana Ros-Lehtinen, quien jugó un papel muy activo, junto con otros legisladores de Florida, en conseguir la aprobación de las sanciones.
“Urjo al Presidente Obama y al Departamento de Estado a cumplir vigorosamente y con rapidez las sanciones contra los funcionarios venezolanos”, agregó.
La iniciativa, que también suspendería las visas de los funcionarios venezolanos, había sido bloqueada previamente por la senadora demócrata por Louisiana Mary Landrieu, quien había alegado en agosto que las sanciones podrían provocar despidos en una planta que la petrolera venezolana Citgo posee en su estado.
Pero la senadora -que se había convertido en la única legisladora estadounidense en salir abiertamente en defensa del régimen chavista- perdió su puesto el fin de semana ante el republicano Bill Cassidy, cuya victoria terminó por destrabar la aprobación de las sanciones.
La Cámara de Representantes ya había aprobada su propia versión de las sanciones, bajo el liderazgo de Ros-Lehtinen, pero la cámara baja optó por ratificar la versión del Senado para garantizar que las medidas fuesen adoptadas sin complicaciones.
El proyecto de ley solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Maduro contra las personas que se manifiestan en su contra, acciones que dejaron un saldo de al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.
Personas familiarizadas con el proyecto de ley dijeron a el Nuevo Herald que inicialmente una lista con 56 nombres está siendo considerada para las sanciones, entre los que se encuentran funcionarios y los oficiales involucrados directamente en la represión en Venezuela, incluyendo al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, al actual jefe de ese organismo, Iván Hernández Dala y al ex canciller, Elías Jaua.
También aparecen el ex ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal Luisa Ortega Díaz y los gobernadores Francisco Rangel Gómez, Alexis Ramírez, José Gregorio Vielma Mora y Henry Rangel Silva.
Entre tanto, la Casa Blanca ya ha dado señales que aprobará el proyecto de ley.
A finales de este noviembre, el asesor en política exterior de Obama, y nominado como subsecretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en una audiencia en el Senado que la administración ya no se opondría a ampliar las sanciones a Venezuela y estaba dispuesta a trabajar con el Congreso en ese asunto.
Y un funcionario de la Casas Blanca que habló bajo condición de anonimato ratificó el miércoles a la agencia de noticias EFE que la Casa Blanca ya no se opone a las sanciones, a diferencia del pronunciamiento oficial hecho previamente por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien en testimonio ante una comisión del Senado dijo que las sanciones serían contraproducentes.
En esa oportunidad, Jacobson argumentó que las sanciones podrían alterar el proceso de diálogo que en ese momento llevaba adelante el régimen con la oposición, proceso que de todas maneras fue suspendido ante la negativa de Maduro de liberar los manifestantes que había detenido.
El senador por Florida Marco Rubio, quien conjuntamente con el senador Bob Menéndez jugó un papel crucial en conseguir que las sanciones fuesen aprobadas en el Senado, celebró la actuación de la cámara baja.
“Con estas sanciones, podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela”, expresó Rubio.
“Este primer paso lo sentirán los hipócritas del régimen de Nicolás Maduro que hablan tanto del sacrificio socialista, pero que viven exentos de los fracasos de este sistema, y dentro de un mundo de fantasía con iPads forrados en oro y carros de lujo; todo esto mientras que al pueblo venezolano le cuesta trabajo encontrar las necesidades básicas como comida y papel sanitario”, manifestó.
Rubio resaltó que la introducción de las sanciones es solo el primer paso a ser dado por Estados Unidos en ayudar a respaldar a los venezolanos en sus aspiraciones de vivir bajo un estado democrático.
Pero también dijo temer que Maduro se tornará mucho más represivo con el correr de los próximos meses.
“Vamos a seguir viendo el empeoramiento de la economía y la sociedad venezolana bajo el peso de un gobierno incompetente, irresponsable y represivo – y también bajo el peso de un fracasado sistema socialista y la caída de los precios de petróleo. Debido a todo esto, tenemos que estar preparados para ver aún más represión en el futuro de parte del régimen de Maduro”, expresó.
El Nuevo Herald
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