Hay que ponerle la lupa a las decisiones y acciones del gobierno de Barack Obama de estos tres últimos días.
El martes 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos actuando en el marco de la "Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela de 2014", aprobada por unanimidad en el Congreso de EE.UU., congeló bienes y depósitos bancarios en EE.UU. y prohibió la entrada a ese país a seis funcionarios militares y a una fiscal de competencia nacional de Venezuela vinculados con la violación de los derechos humanos universales de estudiantes y dirigentes políticos en 2014.
Ese mismo día, Obama emitió una orden ejecutiva decretando un “estado de emergencia nacional” para enfrentar la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos” por los hechos de corrupción del gobierno venezolano.
Era claro que, como lo clarificaron desde un principio voceros el gobierno de Obama, las medidas tomadas no están enfocadas a penalizar al país; están enfocadas a penalizar a quienes violan los Derechos Humanos y contra funcionarios venezolanos corruptos que utilizan los medios financieros de EE.UU. para movilizar los capitales de dudoso origen provenientes del erario del Estado de Venezuela.
Como era de esperar los objetivos de estas decisiones fueron tergiversados por el gobierno de Nicolás Maduro. Ni tonto ni perezoso, el gobierno aprovechó la ocasión para victimizarse, recurrir a un falso nacionalismo y tratar de recuperar el terreno perdido en el apoyo popular al proceso que ha socavado la crisis económica y social en la que hundió al país. Nada de extrañar de un gobierno que tiene como política de Estado la violación de los Derechos Humanos, la exclusión de los disidentes y la solidaridad automática con sus “compatriotas” corruptos.
Lo que sí causa asombro y luce incomprensible, por decirlo suave, es que la Mesa de la Unidad, los representantes de principales partidos políticos y varios dirigentes políticos se hayan apresurado a enmendarle la plana al gobierno.
La respuesta de la Oposición Democrática tenía que haber sido: 1) Exigir a la Fiscal General de abrir averiguaciones expedientes en contra de los siete nombrados. 2) Pedirle a los EE.UU. pruebas para, efectivamente, enjuiciar a los siete nombrados en los tribunales venezolanos. ¡Pero no fue así!
Fue sorprendente leer este miércoles comunicados y declaraciones del sector opositor tildando de “injerencistas” las medidas de Obama, sin detenerse a analizar que los objetivos de estas van en línea a las tantas denuncias realizadas por el sector democrático venezolano, y con las ilegalidades que eliminarían de llegar a ser gobierno, entre las que se incluyen: Destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas; el secuestro de la autonomía de todos los poderes públicos arrodillado al Plan de la Patria; el asalto al erario público con la espiral de la corrupción que ha condenado al hambre y la miseria a la población; la supresión de las libertades políticas y económicas; la ingente violación de los Derechos Humanos que ha cobrado cientos de víctimas inocentes por razones políticas y que mantiene en prisión a dirigentes y estudiantes por ejercer su derecho a opinar; y la coacción a la libertad de expresión. O incluso, que se ha conculcado el derecho a elegir sus gobernantes en libertad y con transparencia y ha impuesto un modelo político a sangre y fuego que fue rechazado por mayoría de los electores en 2007.
La fuerza de estos hechos se corrobora con otros dos anuncios de esta semana: 1) Que la Comisión sobre la Tortura y otros tratos degradantes de la ONU determinó este miércoles 11 de marzo que el gobierno de Venezuela ha violado el derecho internacional “al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos”, así como de “torturas” de manifestantes y detenidos, como el líder opositor Leopoldo López. 2) Que el Parlamento Europeo emitió una Resolución contra las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela este jueves 12 de marzo, con 384 votos a favor, 75 en contra y 48 abstenciones.
Calma y cordura a quienes tienen el acceso a micrófonos e internet para no sumar a la tergiversación de unas medidas que no van contra el Estado de Venezuela ni contra su población, sino hacia aquellos que violan la Constitución y las leyes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario