Hoy la población venezolana vive un verdadero via crucis para obtener los productos alimenticios básicos y medicinas. A su lucha cotidiana para sortear la ingente escasez, paliar los altos precios y adaptarse a las kilométricas colas en los centros de abastecimiento, ahora se le agrega la sujeción a dos días a la semana (según el terminal de su cédula de identidad) y al uso de captahuellas para la compra de los productos con precios regulados.
Los gremios empresariales, en una clara demostración de su talante democrático apegado a las leyes, insisten en lanzar puentes de conciliación y llamados a la rectificación de una política económica que ha demostrado con creces su fracaso.
Uno de los últimos llamados a la rectificación vino de Conindustria, la Confederación Venezolana de Industriales, la cual realizó una propuesta basada en nueve puntos clave en aras de propiciar una economía más sólida, y acabar con la escasez y las colas, para mejorar la calidad de vida del venezolano, entre los que destacan: 1) Darle prioridad a la producción nacional sobre la importación de productos terminados. 2) Aplicar los ajustes oportunos de precios para que las empresas puedan producir más sin pérdidas. 3) El libre flujo de bienes y servicios, para que todos los ciudadanos puedan adquirirlos sin restricciones ni racionamiento. 4) Acceso de la industria venezolana a las divisas para adquirir los insumos y materias primas que requiere para producir localmente. 5) Un sistema cambiario libre y único que elimine las distorsiones causadas por los diferentes tipos de cambios que existen actualmente. 6) Propiciar un clima de confianza en el país que permita aumentar las inversiones nacionales y extranjeras para, así, incrementar la producción. 7) Seguridad jurídica, respeto al derecho a la defensa y evitar la presunción del delito sin investigación previa. 8) Cesar la persecución y los ataques contra la empresa privada y se respete la propiedad para que haya más producción. 9) Diálogo efectivo para analizar las propuestas del sector privado de la economía con la finalidad de que se logren acuerdos para generar más producción y empleo, y así generar más beneficios al consumidor, que requiere contar con más abastecimiento, menos inflación y mejorar su calidad de vida.
Hasta ahora estos llamados han caído en oídos sordos de la élite gobernante. Esta, sigue sin darle un dólar a las empresas para comprar los insumos, materias primas y repuestos que le permitan poner en marcha su producción, amén de que sigue tratando de deslastrarse de sus responsabilidades en estas penurias de la población, insistiendo en echarle la culpa al sector productivo privado por promover una supuesta ¨guerra económica¨ para desestabilizarlo y hacer fracasar a la Patria Socialista. Una acusación que en realidad le sirve de mampara a Nicolás Maduro para seguir cerrando o confiscando empresas, incrementar controles y penalizaciones e, incluso, para abrir juicios y meter en prisión a empresarios.
Este disfraz de ovejita del gobierno ya no convence a nadie, ni a venezolanos ni a la comunidad internacional.
En lo interno, el apoyo popular al gobierno de Maduro cayó a 20%.
En lo externo, un ente como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comunicó a las autoridades venezolanas su “profunda preocupación” por la reciente detención “sin debido proceso” y “sin derecho de defensa” de, al menos, 15 empresarios y responsables de firmas vinculadas con la distribución de alimentos y medicinas.
Este importante documento, fue dado a la luz pública por el propio presidente de la OIT, quien indicó que el gobierno venezolano había violado el Convenio 87, uno de los siete convenios fundamentales y de obligatorio cumplimiento por los estados firmantes de la organización.
Pero ¿quién le pone el cascabel a un gobierno que consuetudinariamente incumple con las reglas de juego convenidas y desoye los dictámenes de los organismos internacionales?
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