El debate sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama y el generalizado y previsible rechazo que ha provocado en una región que tradicionalmente ha objetado las medidas unilaterales, no debería distraer a los venezolanos y a sus vecinos de lo que sigue siendo el problema de fondo: el derrumbe del Estado de Derecho y el ejercicio cada vez más autoritario del poder que padece Venezuela.
No debe ignorarse, por razones éticas, de justicia y de gobernabilidad, la acumulación de denuncias ampliamente documentadas de impunidad en casos de violación de derechos tan fundamentales como los relativos a la integridad y dignidad humana, así como de los derechos políticos de estudiantes, dirigentes civiles y políticos, diputados y alcaldes de oposición. Algo semejante ocurre en materia de corrupción, cuyo desbordamiento ha convertido a Venezuela en parte de las noticias sobre grandes escándalos financieros.
Tampoco se debe dejar de recordar que tras reiteradas negativas a ejecutar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de bloquear el acceso a misiones internacionales de verificación, el gobierno venezolano decidió separarse de esa jurisdicción, constitucionalmente reconocida como supranacional.
En lo que va de este año se fueron añadiendo evidencias sobre la estrategia con la que el gobierno decidió lidiar con la pérdida y fraccionamiento de apoyos, reducción acelerada de los recursos disponibles y descontento creciente entre afines y adversarios. En esa estrategia ha prevalecido la negación de la responsabilidad propia y la culpabilización de los otros, adentro y afuera. La guerra económica, la conjura internacional, el eje Madrid-Miami-Bogotá, el golpe con apoyo internacional fueron parte de una trama con varios nudos que provocaron expresiones de preocupación y rechazo internacional, entre ellos: la resolución 008610 que autorizó el uso de armas mortales en manifestaciones (27 de enero); la denuncia internacional sobre detenidos en las celdas de tortura blanca en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (1° de febrero); el apresamiento violento y arbitrario del alcalde Antonio Ledezma (19 de febrero); la muerte del estudiante Kluivert Roa por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana (24 de febrero).
Hoy está prevista la aprobación de la "Ley Habilitante antiimperialista para la paz" que, asumiendo en flacas hipótesis la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama como una declaración de guerra, perfila un régimen de controles que con criterios de "anticipación preventiva" otorga amplios poderes al presidente para que, en sus palabras, al "perfeccionar el sistema jurídico venezolano no haga falta activar el estado de excepción".
Las repetidas referencias a la democracia y las garantías de los derechos humanos no ocultan que el foco está puesto sobre los "enemigos internos". No hay que dejarse distraer, así de grave se perfila la crisis venezolana.
Fuente: El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario