Este miércoles 18 de marzo, los maestros de Venezuela amanecieron en pie de lucha por la defensa de sus derechos salariales vulnerados y reclamando mejoras de sus pólizas de seguro HCM y del Instituto de Seguridad Social del Magisterio (Ipasme).
Los maestros están en paro activo nacional en todas las escuelas del país. Asistirán a sus planteles, cumplirán con sus horarios habituales pero no impartirán clases, y en esa protesta estarán acompañados por la comunidad educativa, conformada también por alumnos y padres y representantes.
Son más que legítimas las razones expuestas: Exigir sus derechos salariales y su seguridad social.
Por un lado, unos 3.500 millones de afiliados al sistema de salud del MPPE carecen de protección, en el Ipasme 60% de las unidades médicas no funcionan y no hay programas habitacionales para protegerlos.
Por otro, la situación salarial de los maestros es tan grave que las tres primeras categorías profesionales, que representan 80% de la nómina, están por debajo del actual sueldo mínimo (Bs.5.622,48).
Los maestros llegan a esta protesta, luego de que federaciones de maestros y sindicatos del magisterio agotaran las vías regulares, después de meses de conversaciones con la Presidencia y el Ministerio de Educación, solicitando que se revisará la Cláusula del Contrato Colectivo correspondiente a los salarios. Por respuesta, obtuvieron una negativa del ministro de Educación, Héctor Rodríguez.
Según informa la Federación Venezolana de Maestros (FVM) el ministro Rodríguez en reunión con representantes de nueve federaciones el 4 de marzo les informó que “el gobierno no tenía recursos para realizar el mismo en estos momentos dada la baja del petróleo, igualmente manifestó que por el contrario estaban buscando 10 mil millones de bolívares que le faltaban para cancelar las nóminas de este año”. Indican que además se negó a adelantar la discusión del contrato colectivo aduciendo que “no se iba a comprometer con algo para no cumplir”.
Estos argumentos son, por decirlo suave, indignantes. Primero, porque los maestros venezolanos son los docentes con los salarios más bajos de Latinoamérica. Segundo, porque llegan en momentos cuando se ha destapado la olla de corrupción que involucra a funcionarios de Venezuela con el lavado de dinero en tres entidades bancarias a nivel internacional, como son los casos del Banco Peravia (República Dominicana), el suizo HSBC y el Banco Privat d´Andorra, y sus filiales de Madrid y Panamá. Es incalculable la cifra mil millonaria de dineros mal habidos que se fueron por el desaguadero de la corrupción de altos cargos de Venezuela y familiares de funcionarios con responsabilidades en PDVSA y ministerios.
Ahora bien, aparte de las justas reivindicaciones salariales y sociales, los maestros del país tienen otras decenas de razones para protestar. Entre ellas, inducir a la ideologización y adoctrinamiento de los educandos en el Plan de la Patria, violando la Constitución Nacional, tergiversando la realidad y cambiando la historia en los programas escolares. Vulnerar los derechos a la libertad de educación y la calidad de la instrucción en aras de imponer un modelo socialista. Cambiar inconsultamente la conformación de la comunidad educativa, que lleva a la interferencia del proceso educativo por personas que no tienen la preparación o competencia para cambiar los parámetros de evaluación o las actividades extra cátedra. Militarizar los centros educativos mediante la instrucción ministerial 025 (2 de febrero de 2015), donde se obliga a los planteles a fomentar el aprendizaje de las estrategias militares con la FANB entre otras cosas más, en franca violación del artículo 102 de la Constitución, según el cual el Estado debe promover una educación de acuerdo con los principios de libertad, igualdad, justicia y paz.
Es obligación de estos hacedores de la formación de las nuevas generaciones de venezolanos restituir la formación en valores y principios éticos y morales que permitan la convivencia en paz en Venezuela.
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