Estas líneas son un llamado de atención a Nicolás Maduro, el Ministerio Público y demás apéndices de los poderes públicos; a la MUD y sus dirigentes; y a casi la totalidad de los medios de comunicación.
Es un llamado para que se dejen de monsergas antiimperialistas y pongan el foco donde realmente debe estar: el destape internacional de la olla de corrupción de una creciente lista de funcionarios venezolanos que han tomado por asalto el erario público para engrosar groseramente sus cuentas bancarias.
Maduro, la Fiscalía General, la red hegemónica de medios de comunicación del Estado, e incluso la dirigencia de la Mesa de la Unidad, están enfrascados en oponerse por “injerencista” a la orden ejecutiva de Barack Obama, mientras voltean la cara, cierran los ojos y se tapan la nariz para no ver ni oler la podredumbre de corrupción que se ha destapado tras esta orden y la posterior demanda de Red contra Delitos de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) contra el Banco Privat d´Andorra por lavado de dinero, donde funcionarios venezolanos han tenido papeles protagónicos.
La estrategia del silencio y de ampararse en el escudo de la defensa de la soberanía nacional.
Esta estrategia era de esperarse del gobierno de Maduro, por dos evidentes hechos: Uno, porque los involucrados en la maraña de corrupción que se ha destapado en el BPA y sus filiales de Madrid y Panamá, al igual que en los bancos Peravia y HSBC, son caimanes del mismo caño bolivariano, que han ejercido cargos de alta gerencia en el gobierno de Hugo Chávez (el comandante eterno) y que aún tienen fuertes lazos de influencia con la élite gobernante. Dos, porque es altamente demostrable que el gobierno mantiene una política de solidaridad automática con sus huestes, al canto de Patria Socialista, salte el sapo o salga culebra.
De allí que no hay, ni habrá en revolución, un representante de poder público que dirá, ni de broma, esta boca es mía o alzará un dedo acusador contra uno de sus camaradas. Más rentable políticamente hablando, es aupar el grito ¡Obama, go home! ¡fuera imperialismo!, y recoger 10 millones de firmas para rechazar la orden ejecutiva. Un cuento de nacionalismo mal interpretado, mientras la población es diezmada por el hampa, el hambre y la falta de asistencia médica.
Pero, lo que sí es incomprensible es que la dirigencia de la MUD, esa que busca votos bajo las piedras para lograr la mayoría parlamentaria que permita cambiar el status autocrático y en bancarrota de Venezuela, luego de más de una semana de destapada la olla del BPA no esté exigiendo categóricamente una investigación del grosero asalto al erario venezolano, ni pida con firmeza que se ubiquen y repatríen los dineros fugados del país por los sumideros de la corrupción.
Más aún cuando, desde España llegan con nombres y apellidos, con cifras de comisiones detalladas y empresas estatales y contratos plenamente identificados. Este es el caso, por ejemplo, del informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España, que ha sido difundido por los diarios El País y El Mundo, que implica en el caso del BPA a tres ex viceministros (Alcides Rondón, Javier Alvarado y Nervis Villalobos); al antiguo director de la Disip (ahora SEBIN) Carlos Aguilera; al operador financiero venezolano Omar Farías y al ex director de PDVSA Rafael Jiménez. O, incluso, cuando El Mundo denuncia vínculos de Alvarado y Villalobos con el escándalo de Derwick Associates en el que están involucradas comisiones millonarias por contratos para la construcción de plantas eléctricas en 2010, siendo que el servicio eléctrico es uno de los servicios públicos que más deterioro han sufrido en estos 16 años, que más pérdidas económicas ha causado al sector productivo y ha sometido a la oscuridad a la población en todo el territorio nacional.
Se puede concluir así, que el silencio frente a estas denuncias es muy mal acompañante para la unidad democrática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario