Se tiene por axiomática la afirmación de Carl von Clausewitz según la cual “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, haciendo caso omiso de los ocho volúmenes (De la guerra) que el general prusiano dedicó a analizar los conflictos armados.
Si esa sentencia, a la que nadie reclama demostración, es irrefutable, ¿lo será, también una proposición inversa, es decir, la política como prolongación de la guerra? La pregunta no es retórica y su pertinencia se deriva de las acciones adelantadas por el gobierno nacional para enfrentar lo que supone el inicio de hostilidades entre las tropas imperiales y el ejército mejor equipado (¿o forrado? de América Latina (Fidel dixit) y que, como es del dominio público, consiste en conseguir tweets de apoyo entre los cómplices habituales y firmas por bojote para tratar de persuadir a Obama de que los sancionados por su gobierno son ciudadanos ejemplares, candidatos a la beatificación, y, por tanto, debe ponerle un “parao” a sus agresiones.
Se trata, más que de una ofensiva política, de una campaña propagandística que ya ha costado unos cuantos millones de dólares en el exterior, sin contar los que se embolsó The New York Times -suponemos que el aviso inserto en este diario tenía como target a los miembros de la ONU, y no al presidente de Estados Unidos, pues no se publicó en los periódicos de Washington- , y que, en el país, echa mano de recursos compulsivos para abultar el número de firmantes, cuyo grueso lo suministran los empleados públicos, modestos trabajadores que temen ver sus salarios en la picota si se les ocurriese hacer caso omiso de la convocatoria madurista para rubricar una petición sin chance de ser tenida en cuenta.
No creemos que la oficina oval pierda tiempo en responderle a peticionarios que han sido mal informados por un gobierno que manipula hechos y situaciones a fin de distraer la atención de la opinión pública de los problemas domésticos, esos que afectan la vida del ciudadano: abastecimiento, salud, seguridad.
Hay brigadas rojas recorriendo los barrios para recolectar rúbricas a cambio de productos regulados o, más groseramente y para deleite de los borrachitos de la cuadra, de aguardiente o dinero contante y sonante para fomentar la francachela; en los centros de salud y de atención al público, los servicios han comenzado a tarifarse en firmas y se gratifica con especial deferencia a aquellos que suministran signaturas de parientes y amigos.
Dicen que con la excusa de solicitar firmas, los delincuentes penetran en humildes hogares en los barrios para despojar a familias de sus modestas pertenencias. Es inevitable que sucedan tales fechorías cuando el soborno, el chantaje y la amenaza son las principales herramientas de persuasión con las que cuenta el gobierno.
Llegado a este punto hay que preguntarse quién certifica que las firmas recaudadas no sean de muertos cargando basura. Cuando se trata de firmas y listas, los bolichavistas no son muy escrupulosos.
Fuente: El Nacional
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