Unos 24.000 homicidios solo en 2014, para sumar cerca de 50.000 en dos años, no es algo que pueda pasar desapercibido para la población que sufre los embates del flagelo de la violencia y la delincuencia.
Y es que la Venezuela de la revolución castrocomunista se ha convertido en tierra de nadie en materia de seguridad. Una veintena de planes de seguridad no han servido para ponerle coto a la delincuencia ni freno a los homicidios. Lo más grave es que el Gobierno, en vez de proteger la vida de los ciudadanos implementa medidas, sin bases criminalísticas serias ni planificación concertada entre los diferentes autores de la sociedad, que están llevando el problema de la violencia a niveles insostenibles de anarquía.
Este es el caso de las llamadas ¨zonas de paz¨, creadas en el marco del Proyecto Movimiento por la Vida y la Paz, coordinado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con el supuesto objetivo de ¨pacificar a las bandas armadas que mantienen azotadas a las comunidades, fundamentalmente en los 79 municipios del país que presentaron el mayor índice de criminalidad, de acuerdo con los estudios realizados por el Gobierno¨.
El Ejecutivo Nacional comenzó a desarrollar este proyecto desde septiembre de 2013, al arrancar con un plan piloto que declaró ¨zonas de paz¨ en unos ocho sectores del municipio Andrés Bello (en la zona de Barlovento) del estado Miranda, y que hoy se extiende a diversos municipios de varios estados del país, incluyendo Miranda, Aragua y Distrito Capital.
El proyecto estaba supuesto a desarticular las bandas de delincuentes que hacen vida en estas zonas y, mediante la negociación y el diálogo, llegar a ¨algún tipo de arreglo¨ para que estas entregaran sus armas a fin de bajar el índice de criminalidad.
Pero, como ya es costumbre cuando se quiere imponer el poder con total hegemonía, el proyecto fue inconsulto, y se lanzó sin la participación de las directivas de la policías regionales, ni de los integrantes del Ministerio Público, ni de los especialistas en materia de criminalística. Ahora, se le prohíbe a la policía y a los cuerpos de seguridad atender los llamados de la comunidad en casos de ataques de grupos delictivos de las zonas de paz.
Expertos como el abogado y criminólogo Marco Tarre, quien argumentó hace unas semanas ante la prensa que el aparente fracaso de este plan se debe ¨fundamentalmente a que ¨las bandas hamponiles carecen de una organización piramidal con jefaturas visibles, algunas se hacen y se desintegran por sí mismas con rapidez, y además en este tema no hay un interlocutor formal con el cual se pueda llegar a acuerdos¨.
Estas ¨zonas de paz¨ comenzaron mal cuando en febrero de 2014, en un supuesto enfrentamiento entre bandas y el CICPC en Los Valles del Tuy (Miranda), fallecieran tres personas, una de ellas miembro del Movimiento por la Paz y la Vida. Después de este enfrentamiento, la anarquía reinó por tres días en la zona, quedando la banda Los Orejones con el control absoluto de la región.
Siguen mal. Hace una semana también en Ocumare del Tuy, una banda acribilló a nueve miembros de una familia que festejaban la adjudicación de un apartamento en un conjunto de la Misión Vivienda.
Y empeoran, aún más, cuando comienzan a actuar como las narcoguerrillas de la FARC en Colombia, cobrando vacunas a ciudadanos y empresas de las zonas de paz.
Por lo menos esto es lo que denuncian en la zona industrial de San Vicente (Maracay, estado Aragua), donde luego de que se creara la primera Zona de Paz en esa ciudad, se le encomendó la seguridad ciudadana a los pobladores, y se retiró de la zona la Comandancia de la Guardia Nacional Nº 21, quedando prohibido a la policía y a la GN el acceso a la zona. Además, se crearon mesas de trabajo, integradas por los pobladores, que trabajan conjuntamente con el gobernador y el alcalde, las cuales, según se informa, han comenzado a “sugerir” que las empresas paguen una mensualidad por el servicio de seguridad.
En definitiva, la delincuencia hoy campea con una incontrolable capacidad de acción, y una impunidad que desborda a los cuerpos policiales y de seguridad del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario