Según las normas internacionales de la diplomacia, no defender derechos soberanos es acceder a lo planteado por el adversario, o lo que es lo mismo “el que calla otorga”.
Esta norma internacional debería ser trasladable al ámbito electoral de Venezuela, en especial a la dirigencia de la oposición democrática que hace vida en la Mesa de la Unidad. Esta sugerencia es válida en esta época cuando están por realizarse las elecciones parlamentarias, vitales para comenzar a mover la balanza dictatorial del castrocomunismo implantado en Venezuela.
Como es harto conocido, en estos últimos 16 años de revolución bolivariana se ha construido un dominio monolítico de los poderes públicos, incluyendo al Consejo Nacional Electoral. Un ente, donde el predominio de la parcialidad política del partido de Gobierno les ha permitido ejecutar reformas no solo en la legislación, en la que cambiaron la forma y el fondo del Sistema Electoral, sino que ha permitido que se eliminen garantías electorales y se comenta una infinidad de manipulaciones, abusos de poder, usufructo de recursos públicos en beneficio de la pretensión del oficialismo de atornillarse en el poder hasta el 2020 y más.
Abona a favor de esta aspiración, la certeza de que la abstención de la población en los comicios electorales a quien más afecta es a la oposición, dado que a menor participación de electores, menor es la presión pública y mayor la posibilidad de maniobras opacas.
Con esa certeza el Gobierno actúa en consecuencia, con silencios, omisiones y pruebas de ensayo para medir fuerza y generar suspicacias que alejen al elector de las urnas de votación.
Esa misma certeza sobre lo pernicioso que es la abstención para la opción democrática, ha llevado a la dirigencia de la Mesa de la Unidad a mantener una política de muy bajo perfil para denunciar estas maquinaciones y tramposerías del Gobierno. Un silencio que muchos analistas y dirigentes políticos consideran un grave error.
Dicho de otra manera. Una vez depositado el voto, no hay nada que el CNE pueda hacer para cambiarlo. Es por eso que el CNE, y el Gobierno, apuntan a que los opositores se queden en casa. Y es por eso que la MUD debe hacer todo a su alcance para estimular la participación en las elecciones.
Es el caso, por ejemplo, de la ex parlamentaria María Corina Machado, quien desde sus tiempos en la ONG Súmate, mantiene una actitud crítica y de denuncia a los desafueros electorales del oficialismo. Una de sus últimas denuncias es su alerta sobre la intención del CNE de eliminar los cuadernos de votación en físico, para sustituirlos por dispositivos electrónicos. Un ensayo que se aplicaría en las elecciones primarias que la MUD realizará el 17 mayo, para luego imponerlas en las parlamentarias que deben realizarse este año.
Machado indica que esta es una pretensión perversa e inaceptable, dado que con ello se eliminaría el único control que tienen actualmente los testigos para impedir que se altere el número de votantes.
Como puntualiza Machado es inaplazable el “defender la verdad con la verdad, llamar las cosas por su nombre y alertar las trampas y fraudes que están tramando”.
Una puntualización muy acertada, como también lo es su afirmación de que “denunciar al CNE no desmoviliza, ni provoca abstención; por el contrario, despierta espíritu combativo necesario porque la mayoría sea reconocida”.
Hoy, la mayoría de los sondeos de opinión indican que los vientos electorales soplan a favor de la propuesta democrática. Una buena noticia por una parte. Una mala, por otra, es que el Gobierno apostará a cualquier maquinación o arbitrariedad porque se juega la sobrevivencia de su proyecto político en las parlamentarias. De allí que hoy como nunca antes es perentorio activar toda presión ciudadana e internacional para impedir que se salgan con las suyas.
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