“El martes en la noche varios hombres llegaron al barrio La Dolorita y abrieron fuego contra la mujer en la puerta de su casa. Su hija trató de defenderla y recibió dos tiros en el pecho”. Así, en un par de líneas, se informa sobre el homicidio de Claribel Coromoto Peña Salas, la número 62 de las mujeres ultimadas en lo que va de año en el área metropolitana de Caracas.
El mismo día de la despiadada balacera contra esa humilde mujer, se informaba de los asesinatos de un profesor de la academia militar, de un teniente del ejército y del jefe de escoltas de Winston Vallenilla, quien debe tener muchos enemigos, pues de otro modo resultaría inexplicable que un director de una televisora (de paso) sin audiencia requiera de una cuadrilla de guardaespaldas.
Digresiones al margen, lo que importa y alarma es la frecuencia con que se comprueba que en este país ya la vida no vale nada. Y no estamos evocando una canción de Pablo Milanés (“La vida no vale nada/ si ignoro que el asesino/ cogió por otro camino/ y prepara otra celada”), o la ranchera que cantaba Pedro Infante (“La vida no vale nada/ no vale nada la vida/ comienza siempre llorando/ y así llorando se acaba”), no.
Pero lo que de ordinario sería un decir pesimista, o quizás ebria canción de despecho, hoy es pavorosamente cierto en barriadas y calles tomadas por bandas de hampones e irregulares brigadas rojas con el visto bueno y la supuesta complicidad de las autoridades, como se deduce de cualquier lectura, incluso superficial, de la prensa escrita.
Abundan las referencias a alianzas entre colectivos, paramilitares, policías devenidos en delincuentes y otros especimenes que han prosperado por la complacencia de allanabarrancos que libran de culpas a los maleantes, para endilgárselas a la cuarta república, el capitalismo, la oligarquía criolla y otros cocos –que hace mucho tiempo dejaron de asustar– y poner de bulto que, en razón del mar de contradicciones en que naufraga, el régimen está esencialmente incapacitado para garantizar seguridad y salvaguardar la integridad física del ciudadano.
Prueba palpable de estos asertos es la sucesión de ministros del poder popular para el despacho de Interior, Justicia y Paz que no han sabido, ni podido –y ni siquiera querido– poner fin al imperio del crimen. El último de la lista, mayor general Gustavo González, tomó posesión del cargo hace dos meses y, al día de hoy continúa sin presentar un plan de seguridad integral, como le corresponde, según sostiene el abogado experto en materia de derechos humanos Rafael Narváez, para quien se estaría incumpliendo, por omisión, el artículo 43 de la Constitución que responsabiliza al Estado del resguardo de la vida y bienes de los ciudadanos.
De seguir esta manguangua, y no queremos que se nos tome por aves de mal agüero, el flamante ministro no tardará mucho tiempo en regresar a su cuartel para ser sustituido por otro indolente facilitón de los que piensan que combatir malvivientes es soplar y hacer botellas.
Fuente: El Nacional
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