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| David Fernádez/Efe |
Venezuela, que ya enfrenta niveles de escasez sin precedentes, podría ver un desabastecimiento aún mayor en el sector de alimentos en los próximos meses luego de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara que asumirá la distribución de víveres en el país, dijeron analistas.
La medida, que irónicamente fue anunciada por Maduro como la solución al problema de escasez, terminará por consolidar las políticas de racionamiento y limitará aún más la oferta de alimentos y la frecuencia con que estos podrán ser adquiridos.
Para los expertos, esto se traducirá en un mayor control del Estado sobre el quehacer diario de los venezolanos.
“El gobierno sigue considera que si toma el control de la distribución, va a adquirir el control político del alimento. Está buscando la distribución de alimentos como arma política”, dijo desde Caracas el columnista e ingeniero David Morán.
“El desabastecimiento se va a agravar más con la nacionalización. Ellos lo saben, pero consideran que tienen margen de maniobra, y que el PIB per cápita en Venezuela aún permite empobrecer más a la población”, agregó Morán.
Maduro, cuya popularidad ronda en niveles inferiores al 20 por ciento, dio a conocer la medida el Día de los Trabajadores, anunciando la nacionalización de la cadena de distribución como una herramienta de los trabajadores para defenderse del contrabando y de la denominada “Guerra Económica”.
“Tengo la ley habilitante lista para en los próximos días y semanas asumir el compromiso”, dijo Maduro en referencia a los poderes especiales que recibió del legislativo unicameral y que le permiten este año gobernar por decreto en materia económica.
El gobierno ya controla alrededor de la mitad de la distribución de alimentos a través de diferentes programas.
Pero su gestión en la distribución de alimentos no ha sido muy buena.
“Uno no ve al sector privado registrando pérdidas de alimentos, salvo que haya problemas con el cierre de una vía”, enfatizó Morán. “En cambio al gobierno ha estado enfrentando denuncias a cada rato de contenedores con alimentos descompuestos”.
En el caso más escandaloso, unas 170,000 toneladas de alimentos se descompusieron en los puertos en el denominado caso de PDVAL, luego que los productos se echaron a perder dentro de los contenedores ante las dificultades que tenía el gobierno para distribuirlos.
El régimen también ha demostrado ser un pésimo administrador de las empresas que ha expropiado, conduciendo a muchas de ellas a cerrar sus puertas una vez pasaron a manos estatales.
El anuncio de Maduro constituye un nuevo golpe para el ya atribulado sector privado venezolano, que es obligado a funcionar sin los dólares que necesita para importar insumos y que en ocasiones es forzado a vender sus productos y servicios por debajo de los costos de reposición.
La situación es peor para aquellas compañías que suministran servicios o productos para el propio Estado, ya que frecuentemente pasan meses sin que el gobierno pague las facturas y acumulan gigantescas deudas.
La situación es agravada por el hecho de que a muchas empresas no se les permite suspender el servicio aún cuando el gobierno no les paga, ya que podrían enfrentar graves sanciones si lo hacen.
“Muchas empresas operan bajo un constante estado de amenaza de ser intervenida o auditada”, dijo en Miami el asesor político Orlando Viera-Blanco.
Es una difícil situación que pone en jaque la estabilidad de las compañías.
“Estas empresas, cuyas deudas acumuladas ya las están llevando a un punto de asfixia y que no pueden seguir brindado servicios o productos al Estado asumiendo ellos los costos de producción, se ven imposibilitadas de efectuar el acto más básico de gerencia que es suspender el servicio”, explicó Viera.
“Si lo hacen, la respuesta del gobierno es salir a auditarla, o fiscalizarla, o presionarla de alguna manera para que siga suministrando el producto”, comentó.
Aun no está claro el mecanismo para terminar de adoptar la distribución total de alimentos, pero para muchos el objetivo es muy claro: ejercer un mayor control sobre la población.
Según fuentes gubernamentales citadas por el periodista Nelson Bocaranda en su portal de noticias Runrun.es, el gobierno pretende determinar directamente quién puede comprar alimentos y dónde hacerlo.
Los ojos del régimen han estado colocados en particular en la producción de alimentos de Empresas Polar, considerada como la mayor empresa de Venezuela detrás de la estatal PDVSA.
La compañía, que produce más de una veintena de marcas, incluyendo la popular harina de maíz marca P.A.N., ha sido blanco de una serie de acusaciones lanzadas públicamente en su contra por altos funcionarios del chavismo, incluyendo las del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien acuso la empresa de contratar a mercenarios estadounidenses como parte de un presunto plan de desestabilización.
El Nuevo Herald
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