Fernando Rodríguez/TalCual
El informe del Comité Con- tra la Tortura de las Naciones Unidas ha llegado con sus lacerantes condenas contra la represión de nuestros ciudadanos, el torcido ejercicio de la justicia y el infierno de las cárceles nacionales justo cuando hemos dado ejemplos insuperables de su veracidad.
El caso más reciente es lo acaecido en Uribana, ese sitio maldito en el que en menos de dos años han sucedido dos inenarrables masacres con decenas de muertos y centenares de heridos. Pero esta vez con la peculiaridad de que, cuando escribimos estas líneas, no ha sido aclarada la causa que hizo que más de un centenar de reclusos ingiriera un compuesto de medicinas que mató a casi cuarenta de ellos y dañó gravemente a otro tanto. Y hasta lo peor podemos suponer. Un vocero del Comité de la ONU había hablado de “tragedia” para referirse a la situación carcelaria nacional y el informe final de éste señala con todas sus letras las taras que la engendran que han causado más de cuatro mil muertos y nueve mil heridos en diez años. Pero también han sucedido dos notables ejemplos de la perversidad de la justicia venezolana, a todos sus niveles.
Seguramente auspiciado por el servilismo del Poder Judicial al Ejecutivo y la precariedad laboral de la mayoría de los jueces, provisionales y expuestos por ende a inmediata remoción si sus sentencias no son acordes a lo esperado de ellos, como señala el informe de la ONU que ejemplifica escandalizado con el caso Afiuni, juez sentenciada en primera instancia por Chávez; encarcelada, torturada y violada; temible y ejemplar amenaza para los otros jueces.
Nos referimos ahora a uno de las decisiones más grotescas del Tribunal Supremo de Justicia (el de Aponte, Velásquez Alvaray y otros, muchos otros) solicitada por la no menos insana Fiscalía que es el admitir el antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera por recibir para su campaña parlamentaria Bs 40.000 (sic) de un empresario privado. En un país en que las campañas electorales, atadas a la corrupción, cuestan centenares de miles de millones. Y en donde el diputado logró probar fehacientemente que la mísera ayuda recibida tenía que ver con un plan de uno de los más oscuros y torvos personajes que haya pasado por la política nacional, infiltrado a muy alto nivel, asalariado de un empresario inescrupuloso que servía al gobierno y que intentaba espiar y manipular a la oposición, todo ello utilizando medios ilegales. Caldera fue enjuiciado y los dos amigotes andan desaparecidos e innombrados.
Pero igualmente está el insólito caso de la investigación de la Fiscalía a María Corina Machado que puede dar lugar a una imputación por intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (sic), junto a otros varios distinguidos políticos. Los intentos de magnicidios contra Maduro han sido tantos y tan estrafalarios que solo son objetos de chistes. Y en este caso no se ha exhibido una sola prueba que le dé algún atisbo de verosimilitud. Ni siquiera se hizo tema de prensa o de conversación. De lo que se trata es de maniatar a una valiente y frontal política que ha sabido dar la cara a todos los bárbaros atropellos a los que ha sido sometida. Un ejemplo más del temple del gobierno represivo y torturador que dicen los expertos de la ONU.
El gobierno enloquece con las encuestas y con el miedo al desplome económico que podría ser abismal. Da zarpazos que son efectos de ello. El mundo debe mirar absorto.
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