lunes, 2 de marzo de 2015

Gonzalo Himiob: Maduro banalizó caso Roa

Por: Elizabeth Araujo/TalCual

Para Gonzalo Himiob lo grave de la resolución 8610 es que su redacción no permite discernir cuando se debe utilizar el arma letal, ya que al permanecer difusa esa línea de interpretación, queda abierto el camino a la discrecionalidad, ya que hay demasiados funcionarios que no reciben entrenamiento para enfrentar una manifestación.
Además no se deben utilizar armas en ninguna manifestación. El abogado y director nacional del Foro Penal Venezolano lamenta que el presidente Maduro “tras dar el pésame a los familiares, dijo que la víctima pertenecía a una secta de derecha, como si esto justificara el asesinato”.


P ara Gonzalo Himiob lo grave de la resolución 8610 es que su redacción no permite discernir cuando se debe utilizar el arma letal, ya que al permanecer difusa esa línea de interpretación, queda abierto el camino a la discrecionalidad, ya que hay demasiados funcionarios que no reciben entrenamiento para enfrentar una manifestación. Además no se deben utilizar armas en ninguna manifestación. El abogado, escritor, profesor universitario y director nacional del Foro Penal Venezolano lamenta la “banalización” que el presidente Maduro hizo de la muerte del joven Kluiver Roa: “tras dar el pésame a los familiares, dijo que la víctima pertenecía a una secta de derecha, como si esto justificara el asesinato”. Lamentablemente, al final prevalece la mentira oficial.

La muerte del liceísta Kluivert Roa marca un precedente: el gobierno parece estar dispuesto a emplear la represión brutal para acallar la protesta ¿Cuán cerca está Maduro de una dictadura? ­No creo que esto sienta un precedente, porque hay que ver las cosas desde el contexto en que ocurren. Desde que comenzó este gobierno hasta la muerte de Chávez y ahora con Maduro han manejado la persecución de una manera sistemática. Ven al otro como enemigo. Y no me voy muy lejos, en abril del 2002, cuando hubo la protesta masiva, hubo 19 muertos, en las mismas circunstancias: con un tiro en la cabeza. Te puedo hablar del caso de Johnny Palencia. Hay que recordarlo, porque muchos de los muertos de abril del 2002 fueron asesinados con un tiro en la cabeza y quedó demostrado que los autores eran guardias nacionales. Esos casos quedaron impunes. Pero no eran los mismos que ellos mostraron en las fotos y videos. Además justificaban los hechos, porque decían que las escopetas o rifles estaban cargados por pelotas de goma. Y eso es irrelevante. Y eso lo hemos denunciado en el Foro Penal Venezolano.

Se repite ahora con Roa: el Defensor del Pueblo aclara que no murió de un balazo sino de una metra, usada como munición.

Es el patrón que involucra a las fuerzas de autoridad del Estado abusando de su poder de fuego o de su fuerza para reprimir. Es muy fácil banalizar si son o no perdigones. Los que disparan son las fuerzas del Estado y es muy fácil detectar quién lo ha hecho, porque esos son pelotones estrenados para reprimir. Y utilizan el poder del fuego y han quedado impunes. En el caso de Roa pasa que el joven que le disparó tiene 23 años y la multitud vio todo, lo agarró y le vieron el nombre. Fue la forma más sencilla de identificarlo y ya no puede ser exonerado de su acto. ¿Qué sorprende de este caso lamentable? Que en la mayoría de los hechos el poder del Estado es el que se pronuncia. Ya Maduro dijo algo, pero al final prevalece la mentira oficial. En el caso de Roa, dijo que habían acorralado y apedreado a los policías y ellos respondieron. Pero además agrega que este jovencito pertenecía a una secta de derecha, como si esto justificara el asesinato.

Es absolutamente irrelevante si la escopeta estaba cargada con metra, perdigones, papelillos, balas de goma, porque al final si cargas un arma de fuego siempre hay un muerto, hay daños gravísimos.

La Constitución dice: No se deben usar armas en las manifestaciones. Eso está claro. Punto. No hay vuelta atrás. No hay nada que argumentar porque eso es mundial, incluso en China, cuando uno ve una protesta observa que los policías no tienen armas de fuego, solo los bastones y escudos.

¿El asesinato de este niño no debió generar mayor respuestas de las instituciones del Estado? ¿Por qué el defensor del pueblo se ha limitado a una declaración oficial? ­Cierto, yo hubiese esperado una respuesta más ponderada y hasta voy más allá: además de darle las condolencias a los familiares, no debieron emitir opiniones hasta que los organismos autónomos investigaran que sucedió, y no ver a un presidente interesado en consolidar su mentira oficial sobre los hechos, porque se ve que no está interesado en que se investigue la verdad de los hechos. Uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es que la poca institucionalidad que tenemos está subordinada al Poder Ejecutivo. Al poder no le interesa que se sepa la verdad. Lo que le interesa es consolidar la narrativa oficial de los hechos y ello consolida la impunidad de los elementos que están involucrados en la violación de los DDHH. Allí está el caso de Juancho Montoya, quien fue asesinado por el propio poder que él avaló, aquí no hay distinciones. Su objetivo es que la verdad no salga a flote, porque la verdad los compromete.

¿Es Kluiverth Roa “el primer trofeo” de la resolución 8610?

Respecto a esto, hay que aclarar que este tipo de actuación no es nueva en Venezuela. Eso de que se autorice a las autoridades a utilizar armas de fuego en las manifestaciones ha sido una constante en los 60, 80, pero más en este periodo de Chávez y ahora Maduro, quienes lo han incluido entre sus objetivos. Todo aquel que no piense como ellos, es su enemigo. Esta última resolución, emanada por el Ministerio de Defensa es muy peligrosa, ciertamente, pero a lo largo de todo el texto no se distingue lo que es una manifestación pacífica y otra violenta.

El lenguaje que se utiliza no te permite discernir, cuando se debe utilizar el arma letal. Cuando esa línea está difusa, abre el camino a la discrecionalidad, ya que hay demasiados funcionarios que no reciben entrenamiento ante estas situaciones. No saben cuándo es violento o no. En todas las reglamentaciones que había anteriormente se decía bien claro, que en todas las manifestaciones deberían actuar los cuerpos policiales no armados. Pero, quizás lo más grave de esa resolución es que todos los componentes de la Armada, Ejército, Aviación, Guardia Nacional, todos pueden ir al control de una manifestación. Es decir, la bota militar se monta en cualquier manifestación civil. Esto es muy delicado y aberrante, prevalecen criterios bélicos, de guerra.

Es delicado, porque le están dando órdenes a gente que no está estrenada para enfrentarse a manifestaciones civiles y no tienen la capacidad. Ellos están estrenados para eliminar al enemigo y los que no están con ellos son sus enemigos.

¿Sabe el venezolano de a pie de estos escenarios de represión, o lo percibe como un asunto entre oposición vs gobierno? ­Hoy los venezolanos están mucho más claros y saben que es un crimen de lesa humanidad. Sabemos que en la Constitución hay un catálogo de protección a la vida, al ser humano. Está además la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Somos activos en promocionar nuestros derechos, quizás no tanto, pero la gente si sabe y lucha por sus derechos humanos. Claro, pasa algo que el venezolano quiere todo para ya y esta es una carrera de resistencia. Y déjame decirte que sí se logran resultados y se ganan batallas. Un ejemplo: en el campamento del PNUD arrestaron a 120 muchachos y se les dio la libertad a 112. Solo 8 quedaron detenidos.

Uno de ellos es Gerardo Carrero, quien estaba en La Tumba del Sebin y fue trasladado a otro recinto. La Tumba son celdas que no deben existir, y aunque a nosotros los abogados no nos dejan entrar, sí tenemos la versión de los muchachos que están ahí. Sacamos a Gerardo Carrero de La Tumba. Son pequeñas victorias. Está también el caso de Francisco Usón, solo porque supuestamente había difamado a la Fuerzas Armada. Había cumplido su condena y no lo ponían libre. Al final conseguimos su libertad. Un caso reciento, el del abogado Marcelo Crovato.

¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? ­Son 98 presos políticos, entre los cuales 62 son del año pasado. Los otros tienen muchos años, como los policías metropolitanos, los hermanos Guevara, Baduel (un preso de Chávez). Pero, además, hay más de 2000 personas sometidas a procesos penales bajo medidas cautelares; enjuiciados; procesados que están libres pero que deben presentarse cada semana, cada mes, solo por haber manifestado. Eso es gravísimo. Solo el año pasado fueron detenidas más de 3500 personas, algunos quedaran libres; otros procesados y otros presos. Hay 30 estudiantes presos. El año pasado fueron privados de su libertad 280 personas por protestar. Algunas veces se logra la medida cautelar, y alguien dice: eso no es libertad, pero lo que no entienden es que estamos peleando con un monstruo de mil cabezas.

Para gente que fue víctima de torturas en sus países, esta situación de represión desmedida, más el ataque contra organizaciones de defensa de derechos humanos, debería decirles algo ¿Por qué presidentes como Pepe Mujica y Bachelet no han expresado su preocupación por Venezuela? ­Creo que muchos gobiernos en el mundo piensan más en su billetera que con su cabeza. No nos extrañe que cuando haya violaciones de los DDHH se subestimen por esos derechos económicos.

El verdadero humanismo que rescata al ser humano como valor fundamental de una sociedad, siempre queda relegado a los intereses económicos. Dejando de lado la dignidad humana y los derechos humanos, de lado, casi siempre. El repudio internacional, casi siempre llega tarde.
Cort. confirmado.com.ve

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