Las infinitas colas que se registran en todo el territorio nacional en busca de un pañal, un rollo de papel higiénico, un pote de leche, harina de maiz, café, aceite y otra interminable lista de alimentos; las cotidianas protestas de angustiados ciudadanos son algunos de los sítomas de una economía enferma de un viejo mal que ha matado a otras naciones a lo largo de la historia: el comunismo, hoy disfrazado en Venezuela de socialismo del siglo XXI.
Otros de los síntomas, que se manifiestan con contundencia en este estadio agonizante del modelo castrocomunista implantado en el país, es el agotamiento de los inventarios de las empresas golpeadas durante más de 15 años por las políticas expoliadoras de la propiedad privada, que pusieron un yugo controlador a la producción nacional, a la importación y a la distribución por el territorio nacional de bienes y productos básicos. Políticas que recrudeció Nicolás Maduro desde diciembre de 2013, cuando aplicando El Dakazo, comenzó el saqueo oficial de los inventarios de todo tipo de negocios.
Hoy según informa Fedecámaras, los inventarios de productos básicos alcanzan para 45 días como “máximo”. Esta carencia de inventarios se va haciendo cuesta arriba revertir en el corto plazo, ya que esta organización gremial advirtió que aun cuando el gobierno empezara en este momento a hacer todas las cosas bien (dar divisas, flexibilizar los controles, sincerar los precios), los productos alimenticios faltantes no retornarían a los anaqueles antes de tres meses, mientras que el plazo de reposición sería de cinco meses para que lleguen al público los equipos e insumos médicos que ya reportan 70% de escasez.
Lo lamentable es que basándose en su tergiversado y manipulado diagnóstico de que está en curso una guerra económica de la busguesía y el imperio, el gobierno de Nicolás Maduro da también “remedios” equivocados que lo que harían es profundizar la crítica situación de la economía venezolana, que van desde prohibir la pernota frente a los supermercados y farmacias de varios estados, racionar el consumo limitando los días de compra según el terminal de la cédula de identidad de los consumidores, como es el caso de la red PDVAL y abastos bicentenarios, o aplicando mecanismos de captahuellas y el control de la cantidad de venta por consumidor como anunció Makro que haría en La Guaira y Guatire, “como un aporte para evitar las compras excesivas por parte de algunos clientes”.
En su discurso trasnochado, luego de su fracasada gira, Maduro no solo redobló el mensaje virulento y ofensivo en contra de todos los que disienten del proceso, sino que anunció que citaría y daría un ultimatum a distribuidores y mayoristas de alimentos, obligándolos a firmar un compromiso para que los productos lleguen a la población – como si ese no fuese su razón de ser.
Abonándole el terreno para esta tarea, el vicepresidente Jorge Arreaza había dado días antes una muestra de lo que sería el ultimatum al ocupar arbitrariamente los galpones de la empresa Herrera & Asociados, por presunto acaparamiento de productos básicos y emitir una orden de captura contra sus dueños. Cabe resaltar que trabajadores de esta empresa desmontaron estos señalamientos al mostrar imágenes por las redes sociales que evidencian que el gobierno lo que hizo en este acto fue un show mediático.
Lo sensato sería decretar una emergencia agrícola en el país y comenzar a trabajar en conjunto con el sector privado para desmontar los controles, restablecer la seguridad jurídica en el país que den garantías de respeto a la propiedad privada y restablecer la confianza del inversor.
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