Venezuela hoy vive una realidad que parece sacada del teatro del absurdo, ese teatro para el que Samuel Beckett escribió por los años 40 la obra Esperando a Godot.
Por ejemplo, mientras todo un país espera por meses los anuncios prometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, que supuestamente sacarán a la economía del tremendo atolladero en donde la han metido sus políticas, aparecen como en la obra de Beckett personajes como el cruel Pozzo y su esclavo Lucky, que no solo le dicen a quienes esperan los anuncios “hoy no, pero mañana sí”; sino que dan absurdas explicaciones del porqué del desabastecimiento y del desbordamiento de las colas en los expendios de alimentos y medicinas en todo el territorio nacional, y anuncian medidas irracionales que no se orientan a resolver el meollo de la crisis de abastecimiento en el país.
Así, ordenan detener y enjuiciar a quienes buscan documentar con fotos y videos las colas y los anaqueles vacíos la información objetiva que garantiza la Constitución Nacional. Esto en adición a la orden de detener a quienes expresen su legítimo derecho a protestar cuando el gobierno no cumple con sus responsabilidades de garantizar el derecho a la alimentación y la salud, aún cuando no existe ninguna ley que establezca que estos hechos son un delito.
Como explica el abogado José Ignacio Hernández G. en un artículo publicado hace pocos días en la página de Prodavinci, la “Constitución exige que toda detención sea realizada, como regla, por orden judicial, salvo casos de flagrancia” (artículo 44). Por ello, aduce, “la Guardia Nacional –o cualquier otro funcionario– no puede practicar detenciones salvo que cuente con una previa decisión judicial o se trate de un caso de flagrancia”. Y argumenta que “en ninguno de esos casos procede la detención, sencillamente, pues protestar pacíficamente o tomar fotos en vías públicas no es –ni puede ser– delito. Todo lo contrario, son actividades relacionadas con la libertad de expresión, esencial a toda democracia”. También explica Hernández que “poco importa el tiempo de detención o si esa detención luego es confirmada por un juez. Toda persona privada de libertad de manera arbitraria sufre una violación a sus derechos humanos, lo que genera responsabilidad en cabeza de todos los funcionarios públicos involucrados en tal detención. Ello es así aun cuando la persona sea liberada poco después”.
No obstante esta realidad, hasta el 13 de enero el órgano de administración de justicia venezolano estaba procesando a 11 personas, dos de ellas reporteros gráficos que fotografiaban protestas contra la escasez y colas para comprar alimentos, por supuestos delitos de “instigación pública, obstrucción de vías públicas y resistencia a la autoridad” y las otras nueve por manifestar en Caracas contra la imposibilidad de acceder a la comida.
La otra irracional medida del gobierno es prohibir o restringir por diversas vías las colas.
Una de ellas e prohibir a los ciudadanos pernotar frente a los establecimientos que distribuyen alimentos y medicinas, como cientos venían haciendo para garantizarse el acceso y la compra de algún producto. Hernández explica que esto viola el derecho al libre tránsito y limita indirectamente “el derecho de acceso a bienes, dado que la prohibición de las colas se fundamenta en la necesidad de limitar el consumo para evitar conductas consideradas ilícitas, como la reventa”, además de que advierte que las gobernaciones ni pueden limitar derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, pues esas limitaciones solo pueden estar establecidas en la Ley”, ni tienen “competencia para regular el consumo”.
Y es que a un gobierno que manda pero no gobierna ni conduce al país a parte alguna, solo le importa ocultar hechos y realidades a toda la población a la que le ha expropiado su derecho a la información objetiva, oportuna y veraz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario