El comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana que se pronunció con total asertividad sobre la situación política-económica y social de Venezuela, también puso los puntos sobre la “í” cuando afirmó que esa grave crisis revela una situación más profunda, como lo es la “crisis moral, de valores, actitudes, motivaciones y conductas, que es preciso corregir”.
Advirtieron los obispos que se tenían que “superar actitudes como el afán de riqueza fácil y la corrupción, la soberbia política, la prepotencia y el ansia del poder, el egoísmo, la pereza, el odio y la violencia”. Y que se debían “rescatar los principios de legalidad, legitimidad y moralidad que sustentan el entramado de la convivencia social”.
Lamentablemente, este mensaje llega en momentos cuando se ha concretado en el país el mayor asalto totalitario en contra de la institucionalidad en toda la vida republicana de Venezuela, violentando esos principios indispensables de legalidad, legitimidad y moralidad que reivindica el Episcopado.
Resulta que el gobierno de Nicolás Maduro, logró su cometido de pintar totalmente de rojo al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a los tres pilares del Poder “Moral” (Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo), violando explícitamente la Constitución Nacional, con el descaro y cinismo de quienes se piensan por encima de toda ley terrenal.
Así el 22 de diciembre, la bancada oficialista de la Asamblea Nacional (con su mayoría simple de 99 diputados conseguidos a fuerza de ilegalidades, manipulaciones y arbitrariedades) amparada en una interpretación obscena de la Sala Constitucional, impuso sus candidatos a Fiscal, Defensor y Contralor, en abierta violación de la Constitución que establece claramente en su artículo 279 que los representantes del Poder Moral deben ser seleccionados con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, y que en caso de no conseguirlo la escogencia debe someterse al voto popular (y no al TSJ).
Pero Diosdado Cabello y sus 98 manos alzadas lograron imponer la ratificación de Luisa Ortega como fiscal; que el exgobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab sea el nuevo defensor y Manuel Galindo Ballesteros, el nuevo Contralor.
Otra historia lúgubre se repitió en menos de 24 horas después, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (ese que vociferó ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!), acogiendo la solicitud no constitucional de “omisión legislativa” que le envió la Asamblea Nacional, designó a dedo a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón como rectores principales del CNE. El mandato de la Carta Magna para nombrar a los rectores, garantes de que se realicen imparciales y transparentes procesos electorales, es igual que el del Poder Moral. Sin embargo la triquiñuela de solicitar “omisión legislativa” al no obtener los votos de las dos terceras partes de los diputados, ha llevado a que en tres oportunidades en 11 años el TSJ nombre un CNE parcializado con el gobierno que facilita convalidar el fraude a la Constitución.
Y como con la tercera va la vencida, el 29 de diciembre la bancada oficialista volvió a dar la estocada al escoger con su mayoría simple 12 nuevos magistrados del TSJ casi en su totalidad adeptos al oficialismo y entre los cuales se afirma se coló uno con prontuario judicial.
La guinda de esta torta institucional se la puso el ratificado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al negar arbitrariamente la participación plural de las fuerzas políticas de la Unidad Democrática al no darles representación en la dirección de ninguna comisión de trabajo parlamentario, tal como era la tradición en los años de la democracia.
Esta prepotencia y soberbia política, que impone decisiones trascendentes por las vías de hecho, destierra cualquier esperanza de diálogo y corrobora la naturaleza totalitaria y violenta del gobierno de Nicolás Maduro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario