NATALIA MATAMOROS | EL UNIVERSAL
El asesinato de un estudiante de 14 años en Táchira a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana durante una manifestación, además de conmocionar a la opinión pública, según directivos de Cecodap, pone en tela de juicio el uso proporcional de la fuerza policial con la utilización de armas letales en protestas callejeras.
De acuerdo con un informe estadístico que maneja la referida organización de los 912 niños y adolescentes asesinados en el país durante el año pasado, 126 de los homicidios fueron perpetrados por efectivos policiales y castrenses, lo que representa 13,8% del total de los asesinatos reportados.
El 80% de las muertes a manos de efectivos fueron producto enfrentamientos policiales, mientras que el 20% restante respondió a ajusticiamientos.
Fernando Pereira, coordinador general de la referida organización, destacó que el número de casos de jóvenes muertos por esta causa experimentó un incremento 55,5%, respecto a 2013 cuando hubo 70. Estos datos se desprenden de una investigación hemerográfica que implicó la consulta de 43 medios impresos, tanto de circulación nacional y regional.
"Urge someter a revisión la resolución del Ministerio de la Defensa sobre el uso de armas mortales en manifestaciones. Los funcionarios de seguridad deberían usar el diálogo para dirimir conflictos. Lo ocurrido en San Cristóbal con el joven de 14 años fue abuso de poder. El efectivo actuó con saña contra el muchacho", dijo el experto en materia de derechos de niños y adolescentes.
Por su parte, la investigadora Carla Villamedina indicó que en promedio se registran 76 muertes al mes de menores de edad en el país, un aproximado de dos asesinatos por día.
La mayoría de las muertes violentas se producen en medio de discusiones, en enfrentamientos a mano armada sostenidos con otros grupos de jóvenes o policías, por resistencia al robo y en un menor grado en el aula de clases.
También hay muchachos que fallecieron al quedar atrapados en la línea de fuego en tiroteos suscitados entre bandas rivales de una zona.
El estado Anzoátegui es el que reporta el mayor número de decesos violentos de jóvenes al contabilizar el año pasado 411. Seguido por Miranda que sumó 377 y Carabobo con 295. El 89% de las víctimas de estos crímenes son varones con edades comprendidas entre 13 y 17 años.
Pereira insistió en la necesidad de que se aplique un plan nacional de protección para los menores de 18 años.
Además de reforzar el desarme de la población y la puesta en marcha de programas de atención destinados a víctimas y a sus familiares, así como a los agresores.
También habló de formar a funcionarios policiales sobre el trato que le deben dar a los jóvenes.
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