La radio y televisión venezolana fue encadenada por Nicolás Maduro este miércoles 4 de enero, esta vez con motivo del aniversario del sangriento golpe de Estado que lanzó a Hugo Chávez a la palestra pública.
Para nada asombra que en estos tiempos, tan contrapuestos a la lógica democrática, se haga loas de un violento acontecimiento que intentó derrocar a un gobierno constitucionalmente electo, ni el que enlutara a decenas de familias venezolanas, por la pérdida de vida de venezolanos civiles y militares.
Ni es nada nuevo o que pudiera no haber sido previsible de un gobierno que no solo ha impuesto el dominio del Estado sobre los medios de comunicación, sino que no conforme con ello, obliga a encadenarse a los pocos medios radiotelevisivos privados que sobreviven aún.
Pero si llama la atención que Maduro, evidenciando una carencia del sentido de la pertinencia y de la ubicuidad, haya lanzado la cadena justamente en la hora cuando se transmitía el juego de Venezuela contra República Dominicana en la Serie del Caribe. Esto así, porque del pan y el circo se han valido muchos dictadores para tratar de bajar el ánimo caldeado de la población, y el beisbol es para los venezolanos una especie de anestésico, algo que Chávez tuvo siempre presente.
Esta ¨banalidad¨ es apenas un simbolismo de la desconexión del gobierno de Maduro con la realidad del país. Una desconexión que se hace trágicamente patente en la nueva arremetida contra el sector privado, culpándolo de la debacle económica que ha hecho desaparecer de los anaqueles de la red de distribución nacional (estatal y privada) extensos rubros de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.
Una desconexión que le hace vivir en estado de negación y desconocer que han sido sus políticas para instaurar el Plan de la Patria las que no solo expropiaron y confiscaron tierras (4 millones de hectáreas) y empresas productivas, sino que han mostrado total incapacidad de manejar con eficiencia, eficacia y transparencia las 1.183 empresas que pasaron a ser propiedad estatal entre el período de 2005-2011. Este ingente número de empresas, otrora productivas y generadoras de bienes y empleos, que hoy han sido convertidas en chatarra, pasando a formar parte del cementerio empresarial de Venezuela. Desde la Constructora Nacional de Válvulas, convertida en Inveval; la papelera Venepal, hoy Invepal; Agroisleña, hoy la derruida Agropatria; hasta los hatos ganaderos y agropecuarios que son ahora tierras secas y sin producción.
Un vivir en negación que no los hace comprender que es casi la totalidad de las leyes promulgadas en estos 16 años, en su mayoría unilateralmente por los dedos habilitados de Chávez y Maduro, las que tienen una guillotina sobre las empresas (para noviembre de 2013, según Fedecámaras, habían cerrado 4 mil industrias y 205.000 establecimientos empresariales habían desaparecido por culpa de este modelo económico).
¿Podrán alguna vez entender que han sido las leyes bolivarianas (como la ley de Costos y Precios Justos, como la del Control Cambiario, la de la Ley del Trabajo o la recién entrada en vigencia de Aduanas; así como otras regulaciones y providencias) las que han hecho a Venezuela dependiente de la importaciones para satisfacer más del 80% de la demanda nacional; las que han secado las reservas internacionales a punta de reparto imprudente y criminal; y las que han generado una espiral inflacionaria, una escasez generalizada y empujado al país hacia la recesión?
Las últimas tomas de cadenas farmacéuticas y cadenas de alimentos privadas, y la detención de sus propietarios y administradores, indican que no.
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