Represión radiografiada

Amnistía Internacional de España presenta un informe de la capacidad represiva del gobierno de Nicolás Maduro. La ONG asegura que observa con “suma preocupación” la situación que se vive en Venezuela e insta a las autoridades a “cambiar de orientación” en materia de DDHH

Las fuerzas de seguridad en Venezuela emplearon en 2014 “fuerza excesiva” para dispersar protestas, y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de las libertades en el mundo.

Asimismo, se han denunciado torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, se ha seguido utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos del Gobierno, las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de reclusión seguían siendo duras.

Así, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. asegura que la ONG observa con “suma preocupación” la evolución de los acontecimientos en Venezuela y ha instado a las autoridades venezolanas a “cambiar de orientación” en materia de Derechos Humanos y permitir, por ejemplo, que los ciudadanos puedan acudir a organizaciones internacionales si consideran que se están produciendo abusos.

USO DE ARMAS DE FUEGO

según el informe se informa sobre cómo ha sido el primer año de mandato del presidente Nicolás Maduro: marcado por un creciente descontento. Así, Amnistía se hace eco de cómo, entre febrero y julio de 2014, ha habido protestas multitudinarias a favor y en contra del Gobierno en diversas zonas del país.

En ellas los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de oposición que pedían la dimisión del presidente fueron acusados de intentar derrocar al Gobierno.

Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas -entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes- durante esas protestas, y se denunciaron violaciones de derechos humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y grupos armados favorables al Gobierno.

Más de 3.000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las que la mayoría fueron acusadas y puestas en libertad al cabo de unos días. Al finalizar el año, más de 70 manifestantes seguían detenidos en espera de juicio.

Por otro lado, Amnistía Internacional también ha critica en su texto un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaraba ilegal cualquier protesta que no contara con autorización previa, y constata que las fuerzas de seguridad empleaban fuerza excesiva para dispersarlas. En particular se denunció el uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas, el uso de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y manipulados, y de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados.

Respecto a la tortura y los malos tratos, el informe señala que al menos 23 personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, en el estado de Táchira, y mientras se encontraban bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual.

Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques e intentos de desacreditar su labor, acusándoles de implicación en actos violentos durante las protestas o de conspiración para desestabilizar al Gobierno.

El sistema de justicia sufría injerencias gubernamentales, especialmente en casos de personas criticas con el Gobierno.

Amnistía Internacional cita el caso de Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, que permanece recluido desde hace un año sin pruebas para las acusaciones en su contra, que parecen obedecer a motivos políticos. Se enfrenta a cargos de incendio y daños, instigación y asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.

En septiembre de 2013, tras denunciar antes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares dejaron de poder recurrir a esa Corte.

A pesar de las reformas del sistema penitenciario, destacan la falta de atención médica, alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en prisiones y comisarías.

Durante el primer semestre del año, las ONG locales denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.

Cort. TalCualDigital