Venezuela está paralizada. Venezuela muere de inercia y de incertidumbre. Desfallece por el descontrol, la anarquía, la violencia y la represión de todo tipo.
Productores, importadores, distribuidores y empresas de servicios están a la deriva y a la espera de que el gobierno termine de deshojar la margarita y defina cuáles van a ser las medidas cambiarias que anunció hace casi un mes Nicolás Maduro.
Muchos piensan o están convencidos de que el precio del dólar no es para ellos un problema, porque ni viajan ni compran nada en el exterior, pero la realidad es que en Venezuela nada es indiferente a la dificultad de acceso a la divisa y a su costo.
Esto se debe a la política de expropiaciones y confiscaciones de hatos y haciendas, a la que es adicto el socialismo del siglo XXI, llevando a que millones de hectáreas de tierra otrora productivas, sean hoy extensos territorios abandonados a su suerte, sin poder sacar de ellos el más indispensable alimento que demanda la población. Y las industrias de todo tipo que han sido ocupadas por el gobierno, hoy no producen ni los insumos ni los productos para suplir las necesidades más básicas de los ciudadanos, esto sin contar las empresas que se han visto obligadas a cerrar por las leyes penales y por el exceso de medidas administrativas, llegando al punto de tener que sacar sus productos del mercado.
De un país en crecimiento que incentivaba la producción y la industria nacional, y que había logrado la autosuficiencia en diversos rubros agrícolas, ganaderos y avícolas, desde hace más de 10 años Venezuela pasó a ser un país importador de casi el 80% de los productos esenciales para el bienestar de sus pobladores.
La importación masiva, soportada por ingentes precios del petróleo, fue tierra fértil para el crecimiento exponencial de la corrupción. Una corrupción que se enquistó en todo el tejido gubernamental y dando fuerza a una política de control cambiario, discrecional y arbitraria, que dio vida a empresas de maletín de personajes cercanos a las fuentes de toma de decisiones.
Con la racha de precios del petróleo a la baja que viene registrándose desde mediadas de 2014, el país quedó al descampado, sin producción y sin divisas para importar y suplir la demanda nacional en área o sector alguno.
De allí, la escasez de medicinas, alimentos, reactivos, insumos médicos, repuestos para maquinarias y equipos de todo tipo, repuestos para carros, aviones y electrodomésticos, entre otros, pues desde hace 12 años, cuando se instauró el control cambiario en el país, la economía y el sistema productivo nacional se mueven al ritmo de la tasa de cambio y la libertad de emprender y producir está amarrada a la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional para interpretar la ley cambiaria. Pues como se ha evidenciado, lo que hoy es legal, mañana puede dejar de serlo.
Este 5 de febrero cuando se cumplen 12 años de haberse instaurado el control cambiario, Venezuela se encuentra con tres tipos de cambio en la palestra: El “oficial” de Bs.6,30:$ para importaciones de un número limitado a definir de alimentos y productos de la salud; el SICAD Único sujeto a subastas a tasa aún no definida y un tercero supuestamente “libre” del que poco se ha revelado aún.
Y según lo previsible, el sistema seguiría siendo discrecional y fomentador de la corrupción. Maduro no parece dispuesto a hacer lo que realmente debe hacerse: desmontar de una vez por todas el control de cambio (y de precios), junto con otros cambios importantes en el ámbito económico, social y político, entre ellos, la restitución del Estado de Derecho, el derecho a la propiedad privada y las libertades ciudadanas.
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