Venezuela hoy llora de dolor, por la consternación, la rabia y la impotencia del asesinato de Kluiverth Ferney Roa, un estudiante del segundo año de secundaria, quien recibió un disparo en la cabeza cuando salía de su liceo y se topó con una protesta en pleno desarrollo cerca de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET).
Kluiverth era apenas un adolecente de 14 años, nacido en la plena revolución del siglo XXI “pacífica pero armada”, época cuando Hugo Chávez comenzaba a dejar ver la verdadera cara de su revolución.
Era un adolescente que vivió, sufrió y murió en un país donde es un delito pensar distinto a lo que impone la casta gobernante. Es un adolecente, como muchos miles en Venezuela, que tal vez aún no sabía discernir la verdad y la mentira de la enseñanza de la historia del país que se le impartía en las aulas de clase. Kluiverth, vivió en el país de la escasez, de la delincuencia desbordada, de las protestas de los estudiantes y de la violenta represión desenfrenada de las fuerzas de seguridad del Estado.
Igual de terrible es que quien ya fue imputado por quitarle la vida a Kluiverth, es Javier Mora Ortiz, un joven de 23 años que escogió ser un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y como parece ser en esta época revolucionaria, fue formado para defender al gobierno y no para defender a los ciudadanos. Un joven que hoy se ha convertido en el asesino de los sueños de Kluiverth y sus padres. Mora Ortiz, el victimario, es otra vida destruida por el afán de imponer a otros ideas, modelos políticos a cualquier costo y a costa de lo que sea.
Hoy Mora Ortiz está preso, las autoridades aseguran que le aplicarán todo el peso de la ley, lo cual es justicia. Pero, dónde queda también la responsabilidad y las sanciones que deben recibir sus superiores, es decir el comandante de la PNB, el ministro del Interior Justicia y Paz y el gobernador del Táchira. Dónde la responsabilidad del Ministro de la Defensa y de Nicolás Maduro, quienes hace menos de un mes dieron luz verde a la Resolución 008610 que autoriza al uso de armas “de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para “evitar desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. Es inaceptable y sin veracidad que Maduro hoy diga que en “Venezuela está prohibida la represión armada”. Más inaceptable aún que trate de justificar el asesinato, diciendo que los policías fueron acorralados con piedras por los manifestantes y acusando al niño ajusticiado de presunto miembro de una secta de la derecha.
El asesinato de Kluiverth llega cuando aún no se ha secado el llanto por los crímenes contra los 43 jóvenes que participaban en las protestas de febrero de 2014; cuando las secuelas de los torturados entonces aún se sienten en los cuerpos y mentes de los afectados; cuando aún hay 61 presos por protestar, de los más de 3.500 detenidos desde ese entonces; y cuando hay jóvenes bajo tortura en una mazmorra llamada La Tumba.
A Kluiverth lo asesinan cuando aún no se han clarificado los crímenes de los cinco jóvenes José Frías y Julio García (Mérida); Jhon Barreto (Táchira) y Yamir Tovar y Arianyi García (Caracas) que se encontraban en custodia policial por protestar y fueron encontrados hace una semana maniatados, golpeados y sin vida.
Hoy llora Venezuela, por sus hijos, por los casi 25.000 asesinados por el hampa en 2014 y por Gerardo Gabriel Gómez Lugo, otro niño de 14 años, tricampeón nacional de Kenpo, acribillado por el hampa cuando viajaba en una camioneta de pasajeros de la ruta Capitolio-Antímano.
Estas muertes no son ni hechos aislados ni hechos individuales, como calificaron respectivamente el gobernador Vielma Mora y la ministra de Interior, Justicia y Paz, el asesinato de Kluiverth.
Está más que demostrado que la represión y la violencia es hoy una política de Estado del gobierno bolivariano. Y como preguntase la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska ¿Cuál es el futuro de un país donde el Estado mata a sus estudiantes?
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