El tono violento, la actitud amenazante y las acciones represivas y persecutorias de los últimos días del gobierno de Nicolás Maduro no están en sintonía con un país que requiere con urgencia el consenso, la inclusión y la acción conjunta para sacarlo de la agobiante crisis económica, política y social que lo encajona. Pasa de diestra a siniestra con acusaciones de una guerra económica a los complots para darle un golpe de Estado, sin pruebas ni sustento alguno.
Podría haberse pensado que al verse enfrentado con una economía cercana al colapso, niveles de inflación que se aproximan a 100% y al agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central, el gobierno de Maduro se acercaría a aquellos del sector privado que todavía siguen produciendo y están haciendo esfuerzos verdaderos para aliviar la miseria provocada por las erradas políticas del gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro. ¡Pues, no! La respuesta de Maduro ha sido un mayor control y una intimidación más agresiva contra la empresa privada, especialmente las compañías que estaban cooperando en el esfuerzo para mitigar la escasez de bienes básicos de consumo. En estos dos meses del año cayeron en sus fauces la Distribuidora Herrera, Farmatodo, la cadena Día Día y decenas de pequeñas compañías, incluyendo dos procesadoras de pollo. A lo que se suma la amenaza redoblada de los últimos días que pende sobre Polar.
Y en lugar de buscar la participación de la oposición democrática para lograr la gobernabilidad perdida, el gobierno se torna cada vez más arbitrario y represivo. En esa dirección va, por ejemplo, las acusaciones de una conspiración contra su gobierno en las que involucra a tres líderes de oposición: Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado cuyo pecado es irritar la frágil piel del gobierno con sus críticas y manifiestos públicos.
Esta semana detuvieron, y encarcelaron en la prisión militar de Ramo Verde, al líder opositor Antonio Ledezma acusándolo sin pruebas por delante de conspiración por haber firmado un manifiesto Acuerdo Nacional para la Transición, en principio conjuntamente con Machado y López, y ahora con la adición de más de 100 mil firmas de venezolanos, así como la del partido Copei y Voluntad Popular.
Ese Acuerdo pide (a) restituir las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, (b) desarrollar programas para enfrentar la “emergencia social” y (c) aplicar programas económicos sensatos. Es decir, ninguna aspiración que parezca, suene o luzca subversiva o conspirativa.
Se teme que María Corina Machado también podría ser detenida e imputada. Mientras se informa que al diputado Julio Borges, aunque su partido Primero Justicia no firma el Acuerdo, la bancada parlamentaria del PSUV en la Asamblea Nacional está solicitando el allanamiento de su inmunidad parlamentaria para poder imputarlo también de conspiración.
Otras tres señales de alarma, que indican que Maduro estaría dispuesto a cruzar abiertamente los linderos hacia una dictadura, son: 1) El asalto madrugador de una sede del partido Copei en Las Palmas-Caracas con una extraña una combinación de una comisión del Sebin, de la Guardia Nacional Bolivariana, y un convoy civil de hombres, mujeres y niños que pedían vivienda. 2) La solicitud de cancelarle el registro del partido Copei que hiciera el secretario general de Podemos, Argimiro Aponte, debido al apoyo que la tolda diera al acuerdo nacional para la transición. 3) Y más grave aún las amenazas (ni tan veladas) que hiciera ayer Maduro desde Puerto Ordaz, de cerrar el paso electoral a la oposición que está haciendo en su opinión ¨un juego de doble banda¨.
Es decir, partiendo de extenso listado del mandatario de involucrados que enuncia el mandatario, se le impediría postularse a cargos públicos a todo el liderazgo democrático. ¡Vaya democracia la que aspira Maduro!
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