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Pareciera que en Miraflores le tienen profunda rabia y rencor, y la colocaron allí con la exclusiva finalidad de violar, de manera sistemática y reiterada, los derechos humanos de los reclusos y sus familiares. De paso, con sus actuaciones disparatadas no hace sino violentar nuestra Constitución de la que, por desgracia, fue una de sus redactoras.
La ministro Varela no solo ha destruido el sistema penitenciario que los bolivarianos heredaron de la llamada por el occiso cuarta república, sino que ahora y, como si fueran poco los males cometidos, se ha dedicado sistemáticamente a instalar el caos en los llamados retenes policiales, al insólito extremo de que entre el 31 de diciembre del 2014 y el 2 de enero de este año, con sus desaguisados, causó la fuga de más de 60 reclusos de los cuales solo 6 han sido recapturados.
Es decir, le mandó refuerzos al hampa como si a estas alturas ya no deambularan por las calles suficientes atracadores, asaltantes de quintas y apartamentos, y ladrones de cualquier objeto de valor que esté a su alcance. De manera que entre el niño que llora y la ministra que lo pellizca nadie concilia el sueño.
El terrible hacinamiento en los retenes policiales es una consecuencia directa de la negligencia y desconocimiento de la ministra penitenciaria y su equipo que decidieron, de manera arbitraria, que para que un detenido pudiera ingresar a los recintos penitenciarios, que es donde le corresponde estar, necesitaba una autorización del Ministerio Penitenciario, pasando por encima de las decisiones de los jueces que son los que asignan el sitio de reclusión.
Lo más grave es que este cupo que autoriza el Ministerio del Servicio Penitenciario no lo otorgan porque, según ellos, no tienen espacio. De manera que los reclusos deben permanecer en los retenes policiales que no reúnen las condiciones para tener detenidos por mucho tiempo a tanta gente.
El Ministerio del Servicio Penitenciario no ha logrado entender que los retenes policiales son sitios transitorios en los que no deberían pasar más de 48 horas y de allí ser enviados a los recintos penitenciarios.
Los retenes policiales no reúnen ninguna condición básica para albergar reclusos, comenzando porque ni siquiera hay una cocina en la que poder darles alimentación a los que allí se encuentran, o espacios de recreación, una flagrante violación a los derechos humanos de los presos ante la complicidad de los funcionarios del Estado.
Si analizamos que Iris Varela, de manera inconsulta, ha cerrado seis recintos carcelarios, pero no ha abierto ninguno, a pesar de los ofrecimientos constantes de inauguración de nuevos retenes, podemos entender la magnitud del problema así como la gran irresponsabilidad de la ministra en todo este conflicto que, en vez de solucionarse, empeora cada día.
Cort. El Nacional
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