miércoles, 29 de abril de 2015

Corrupción e impunidad apagan la luz/VenEconomía miércoles 29abr15

Por: VenEocnomía

La corrupción es mala, y con impunidad doblemente mala como argumentó Transparencia Venezuela al presentar la Misión Impunidad. Y es triplemente mala cuando afecta el suministro eléctrico a millones de familias y entorpece la actividad productiva.


De allí que la gestión en materia eléctrica haya sido uno de los temas a investigar en la Misión Impunidad, tarea de la cual se ocupó al periodista César Batiz.

Batiz remonta su investigación al 15 de febrero de 2010, cuando Hugo Chávez firmó el decreto de emergencia eléctrica, y el ministro del sector, Alí Rodríguez Araque, anunciaba que en mayo de ese año comenzaría a funcionar la planta termoeléctrica Picure, con 134 MW de potencia instalada, que tendría una inversión de $125 millones, como parte del denominado plan de blindaje eléctrico de Caracas.

Recuerda Batiz que “el blindaje” consistía en “impedir que el descenso del nivel de agua en El Guri, producto del período de pocas o escasas lluvias conocido como El Niño, generara racionamientos o apagones en Caracas, como ya ocurría en el resto del país”.

También rememora que con ese objetivo la ya estatizada Electricidad de Caracas (Elecar) “programó la construcción de la planta de Picure y otras seis más, cuyo contrato fue otorgado a la española Duro Felguera por más de $2 mil millones; el de La Raisa III, firmado con la venezolana Gtme; y la procura, ingeniería y construcción de las otras cinco a Derwick Associates”, una empresa sin experiencia que “nunca antes había construido una planta como la requerida por Corpoelec”. La novel empresa entre estos, y otros contratos con empresas estatales logró, con solo 14 meses de fundada, la adjudicación de 12 proyectos por un costo de más de $2,1 millardos.

No tardó mucho tiempo en comenzar a salir a la luz pública las denuncias de hechos de corrupción bien documentados, las cuales quedaron engavetadas en algún archivo de los tribunales, la fiscalía o la contraloría bolivarianas.

Pero, la corrupción también penetró sus tentáculos en la otra contratista de Elecar: Duro Felguera, un grupo español contratado para construir varias obras con el Gobierno de Chávez.

Luego del destape de trama de lavado de dinero en la Banca Privat d’Adorra y su filial el Banco Madrid, se conoció de los millonarios pagos en dólares de Duro de Felguera por “asesorías”, algunas verbales, a empresas y funcionarios venezolanos para conseguir contratos con el Gobierno Nacional: uno por $50 millones pagados a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A. (Terca) y otro por $50 millones a Nervis Villalobos, ex vice ministro de Energía Eléctrica, a través de la empresa de consultoría Ingespre, ambos para conseguir el contrato de la central termoeléctrica Termocentro en 2009. Sin embargo, ni el Ejecutivo Nacional, ni el resto de sus satelitales poderes públicos ha dicho hasta ahora ni pio sobre estas denuncias.

Es inaceptable tanta corrupción impune. Y aún se hace más inadmisible, porque a pesar de tantos recursos gastados el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra igual, o peor, que en 2010 cuando Chávez declaró la emergencia eléctrica.

Hace una semana, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón negó la posibilidad de una crisis en el sistema de generación, transmisión y distribución de electricidad. Es más, se llevó detenido, se le abrió un juicio, y dictó medidas cautelares contra el ingeniero eléctrico Luis Vásquez Corro, asesor de Fedecámaras, debido a que este alertó públicamente sobre el riesgo de que se apagaran las turbinas del Sistema Hidroeléctrico del Guri, si no llovía en las cabeceras de la represa, y causara apagones masivos en casi todo el territorio nacional.

Este martes, el mismo ministro de Energía Eléctrica anunció una serie de medidas de racionamiento de electricidad que incluyen: rebaja a cinco horas y media del horario de trabajo en la administración pública y una exigencia de restringir el consumo de electricidad al sector privado y al resto de la población.

Una medida restrictiva que llega en momentos cuando la baja producción nacional, tanto de las empresas públicas como de las privadas, está en niveles críticos y cuando se requiere unir el concurso y esfuerzo de todos para sacar a Venezuela hacia adelante.

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