Este lunes, el gobernador de Aragua y según se dice uno de los pivotes de la revolución, Tareck El Aissami, dio una pista de uno de los tantos porqué se ha potenciado la corrupción en estos tiempos del Socialismo del Siglo XXI. Un hecho que se hace tangible en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica anualmente Transparency International, en el que Venezuela lleva más de una década ocupando los primeros lugares entre los países percibidos como más corruptos del globo.
El Aissami, en un arranque de ¿ingenuidad o cinismo?, informó durante una Asamblea Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, se había acogido al programa de testigos protegidos de los EE.UU. a ¨cambio de aportar información basura¨ en contra del Gobierno de Venezuela. Confirmaba así un rumor que ya circulaba por las fuentes informativas.
Lo ¨novedoso¨ de este anuncio, no fue el que El Aissami tildara a su compatriota de traidor a la ¨Revolución Bolivariana¨ ni que lo vinculara con presuntos actos de corrupción. Eso es lo común cuando alguien se sale del carril revolucionario.
Lo que llama a reflexión es que reconociera que estaba enterado de los presuntos actos corruptos de Isea y que afirmara que no lo denunció a petición de Hugo Chávez.
Recogen los medios informativos que El Aissmi dijo: “Quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre me callé porque el comandante Chávez me dijo cuándo me envió para acá (a la Gobernación de Aragua) : estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú que eres otro hijo”. Cabe preguntar cómo se debe definir este encubrimiento automático ¿Complicidad? ¿Prevaricación? ¿Incitación a la impunidad? ¿Tolerancia hacia el crimen de sus congéneres?
Es este tipo de solidaridades automáticas, soportadas por un Gobierno-Estado que ha monopolizado los poderes públicos, el ingrediente perfecto para que se geste la corrupción y se haga opaca la función pública. En Venezuela, el monopolio del poder se aplica con especial ahínco al Sistema de Administración de Justicia, un sistema que se usa discrecionalmente para exculpar a quienes comulguen con el ¨proceso¨ o para criminalizar al que disiente; así como se impone también a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República, órganos encargados de hacer seguimiento y control de la gestión pública que aplican el mismo patrón político para ejercer sus funciones.
El resultado de esto ha sido, como lo ha descrito en diversas ocasiones Mercedes de Freitas, la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela: El Estado venezolano es uno de los más poderosos de la región, uno de los más cerrados y menos expuesto al escrutinio público.
Son estas las razones por las que denuncias de lavado de divisas, tráfico de influencia, cobro de ingentes sumas por comisiones, adjudicaciones directas de contratos públicos provenientes de entes nacionales o internacionales se guardan bajo las alfombras, o no entran por las puertas, del Ministerio Público, los tribunales, la Asamblea Nacional y de la Contraloría.
Así, ningún Poder público en Venezuela investiga seria y abiertamente las sumas millonarias que pasaron por la sucursal suiza del HSBC ni las denuncias de las tramas de blanqueo de capitales en el Banco Privat d´Andorra y su filial del Banco Madrid, donde estarían implicados funcionarios de confianza de la Presidencia de la República en pago de comisiones a empresas españolas para ¨asesorarlas¨ en captación de contratos. Uno para la recuperación de la Línea 1 del Metro de Caracas ($1,85 millardos, para una comisión de unos $88,8 millones) y otro un contrato para la construcción de la Planta Termoeléctrica (€1,5 millardos, para una posible comisión de más de €82 millones).
Esta ¨indiferencia¨ de la justicia ante denuncias de corrupción tan puntuales contrasta, por ejemplo, con la actuación del Sistema de Justicia de Brasil, un sistema autónomo, sólido y con buena capacidad de investigación, que ha destapado la corrupción de la estatal petrolera Petrobras, donde están involucrados funcionarios del partido de Gobierno al que pertenecen el ex presidente Lula Da Silva y la presidenta Dilma Rousseff.
Urge en Venezuela ponerle coto a la corrupción, por donde funcionarios y testaferros bolivarianos desaguan los dineros que deberían invertirse en salud, educación, infraestructura, seguridad y producción de alimentos.
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